[Spanish] Finalizarán sus condenas en la comunidad

SACRAMENTO.— Para reduc ir la sobrepoblación en las prisiones estatales, miles de mujeres presas en California que no cometieron delitos serios o violentos ni ofensas sexuales y están a 24 meses o menos de terminar sus condenas podrán dejar la prisión y concluir sus sentencias en sus casas, en centros de rehabilitación contra las drogas o instalaciones designadas en la comunidad a fin de que puedan estar cerca de sus hijos, reveló el Departamento de Prisiones (CDCR).

Sin embargo, las mujeres que enfrentan órdenes de deportación, aún cuando no hayan cometido delitos violentos u ofensas sexuales no califican para el Programa de Cuidado Alternativo (ACP) puesto en marcha ayer por CDCR.

Serán vigiladas con una pulsera de monitoreo electrónico además de que estarán bajo la custodia de agentes de libertad condicional del estado, explicó Dana Toyama, portavoz del CDCR.

Se estima que 45% de las 9,543 presas en las prisiones estatales son elegibles para el Programa de Cuidado Alternativo creado a partir de la ley SB1266 y destinado a atender el alto número de reos en las prisiones estatales que tienen hijos que dependen de ellos.

"Aproximadamente dos tercios de las presas mujeres en CDCR son madres cuyos hijos están con sus familiares o en hogares de crianza temporal", dijo el secretario de CDCR Matthew Cate en un comunicado.

Añadió que el Programa de Cuidado Alternativo es un paso para romper un ciclo intergeneracional de encarcelamiento, mientras que la participación de la familia es uno de los más grandes indicadores de la rehabilitación de un preso.

Con este programa, el estado espera obtener un ahorro de 6 millones de dólares el próximo año ya que el estado no se hará cargo de los gastos de los personas una vez que sean enviadas a sus casas o a instalaciones designadas.

Karen Shain, de la Coalición de Mujeres Presas de California, dijo sentirse esperanzada con este programa pero le preocupa que al salir las mujeres no tengan los programas que las ayuden a rehabilitarse, encontrar un empleo y que vuelvan a fracasar.

"Es un programa que debió haber comenzado desde enero pero que tiene mucho potencial y la mayoría de las mujeres presas están emocionadas porque no son malas madres y extrañan terriblemente a sus hijos", comentó.

De acuerdo a CDCR, las mujeres seleccionadas podrán buscar un empleo en la comunidad, asistir a sesiones de consejería, cursos vocacionales y educativos, educación para padres y tratamientos contra las drogas.

Algunos problemas que Shain considera que podrían presentarse es que las presidiarias tendrán que pagar por el equipo de monitoreo electrónico y adquirir una línea telefónica fija en casa. "No tienen dinero para eso", comentó.

Más tarde, se espera que este programa sea ofrecido a los presos hombres, aunque de acuerdo a Shain debería incluírseles en esta primera etapa porque muchos de ellos son los proveedores principales de sus hijos.

Por órdenes de un panel de tres jueces federales, el Departamento de Prisiones deberá reducir la sobrepoblación carcelaria en 33,500 presos en un periodo de dos años. El CDCR presentó un plan para comenzar a disminuirla a partir del 1 de octubre.

El Programa de Cuidado Alternativo es un primer paso de dicho plan, precisó Toyama.

Así es como lo vio justamente Rhina Ramos, directora de políticas del Centro de Derechos Humanos Ella Baker. "Es un buen paso en la dirección correcta pero hace falta ir más allá con una reforma carcelaria que no se enfoque solamente en construir más prisiones y en el lado punitivo que destruye comunidades", expuso.

Ramos deploró que el Programa de Cuidado Alternativo excluya a las mujeres que enfrentan órdenes de deportación que no han cometido delitos serios. "Ellas no son un peligro para la comunidad como no los son las jóvenes madres que se han rehabilitado de las pandillas y no van a ser incluidas en este programa", subrayó.

Si bien el 45% de las mujeres son elegibles para el programa, para calificar deben cumplir con algunos de los siguientes factores: estar embarazadas, haber sido las proveedoras principales de un hijo antes de caer en prisión y tener una condena de 24 meses o menos.

Quienes no califican son quienes tienen delitos serios, violentos u ofensas sexuales, pero también quienes tengan órdenes de deportación, afiliación con alguna pandilla, una orden de restricción, mala conducta y haber tratado de escapar de prisión en los últimos diez años.